Aborto o interrupción del embarazo

¿Podemos llegar a establecer algún criterio universalmente aceptable para resolver este problema de hecho que se produce cuando queda embarazada una mujer que no lo desea?.

Creo en la posibilidad y la necesidad de construir la ética como se construye la ciencia; sobre un cimiento sólido y con un método que permita la aceptación universal del estado de las evidencias que en cada momento se alcance. Esa ética parte del universal humano de la búsqueda de la felicidad; de la búsqueda de la propia felicidad y del reconocimiento de esa misma necesidad en el prójimo. De ahí nace la afirmación de los derechos como un compromiso recíproco. Nos reconocemos iguales y dignos. Tú te comprometes, te responsabilizas con mis derechos y yo con los tuyos, de modo que construimos juntos las mejores condiciones posibles en cada momento para que cada uno transite su propio camino de felicidad.

Y, ¿En qué consiste esa felicidad? Pues aunque cada uno establezcamos nuestras metas y nuestras vías, después de leer y reflexionar un poco, he identificado seis elementos necesarios para que cada individuo formule su propia ecuación de felicidad: la satisfacción de necesidades físicas y materiales; la estabilidad emocional; la seguridad respecto del futuro; las relaciones satisfactorias con los otros; el disfrutar, el placer físico e intelectual; y la ampliación de posibilidades, la libertad para autoseducirnos  desde el futuro con proyectos y elegir los caminos que consideremos nos permitan alcanzar nuestras metas.

Me comprometo a desarrollar algunos puntos de esta ética apresuradamente enunciada, pero no ahora. Lo que ahora pretendo es un ejercicio de ética práctica: cómo abordamos socialmente y, por tanto, desde la legislación, el asunto enunciado en el título. Si lo entendemos como problema ético es porque consideramos que existe un conflicto entre derechos. ¿Es real este conflicto? ¿Podemos encontrar respuesta?

Empecemos por lo sencillo: los derechos de la mujer. No cabe duda alguna que toda mujer en edad de procrear es sujeto de derechos. No debería ser necesario justificarlo, pero voy a dedicar algunas líneas a hacerlo. Es sujeto de derechos porque así lo hemos decidido. Nadie nace con derechos al modo en que nacemos con riñones o con orejas. Los derechos, como decía arriba, son un compromiso recíproco. Hemos decidido tener derechos, pero no de un modo arbitrario, sino porque es el mejor modo que hemos encontrado para garantizarnos las mejores condiciones para la felicidad. Por tanto, una mujer embarazada tiene, como todo humano, derecho a decidir lo que afecte a su futuro y a sus proyectos vitales. El problema está, como para todo humano, en las líneas de colisión con los derechos y los proyectos de los otros. En esto estábamos.

Una mujer, por sí misma, sea dentro o fuera de una relación estable o una familia constituida, puede decidir embarcarse en el proyecto vital de tener un hijo. Y es igualmente cierto que muchas mujeres quedan embarazadas sin haber tomado esa decisión y sin voluntad alguna de asumir el proyecto vital que implica. El traer al mundo un hijo compromete para la madre todos y cada uno de los elementos que señalaba arriba como necesarios para buscar la felicidad, en mayor o menor medida según las circunstancias. Había previsto analizar uno por uno esos elementos, incidiendo en cómo se ven afectados en el caso de que una mujer se vea forzada, contra su voluntad, a asumir la gestación, alumbramiento y obligaciones propias de un hijo. Lo veo ahora innecesario; es un ejercicio que todos podemos hacer con un resultado obvio. La mujer tiene derecho a decidir. El que una instancia ajena a ella, sociedad, moral o ley, la obligue a culminar un embarazo es un atentado evidente a ese derecho y condiciona sustancialmente sus posibilidades de autoderminar sus caminos de búsqueda de la felicidad.

Sin embargo, una conducta fundada en mi derecho puede afectar a derechos del otro. Cuando se producen esos conflictos, hemos de evaluar para determinar el derecho preeminente. La vida es una premisa sine qua non; se constituye, por tanto en un derecho prioritario. He aquí un principio universalmente aceptado. El derecho de todo humano nacido vivo a conservar la vida prevalece sobre cualquier derecho de otro humano, salvo que sea igualmente conservar la vida. Nacemos inacabados y vulnerables. La compasión, los sentimientos de afecto, apego, ternura que despiertan los infantes son imprescindibles para nuestra conformación y supervivencia como especie. La cuestión se centra en determinar si el no nacido es sujeto de un derecho similar.

Para llevar el asunto a su punto inicial, hemos de situarnos en la fecundación. En el momento anterior tenemos un espermatozoide y un óvulo: células vivas, humanas y susceptibles de reproducir un humano. Sin embargo no creo que nadie las considere sujetos de derecho. Nos interesa el momento en que se unen y se inicia la división celular. ¿Es ese cigoto o ese embrión sujeto de derechos?

La respuesta está, en nuestro entorno, contaminada por una verdad particular, por una creencia religiosa: el dogma, o en todo caso el magisterio ordinario de la iglesia católica, de que, en el momento de la fecundación, Dios infunde el alma. Si pretendemos construir una respuesta ética universalmente válida, hemos de aislar las creencias y buscar evidencias. Es evidente que ese embrión sólo tiene de humano la potencialidad de llegar a ser. No tiene ninguna característica física, no tiene percepciones ni, desde luego, nada que pueda asemejarse a sensaciones, sentimientos o conciencia. Aun cuando existe una tendencia, que consideramos progresista, de dotar de ciertos derechos y dignidad a todo ser vivo, esa predisposición la vinculamos a su capacidad de sentir y, sobre todo, sufrir; ampliamos nuestra compasión al sufrimiento de cualquier ser vivo, aunque no sea humano. Podemos concluir que el embrión, al menos durante el tiempo en que podemos evidenciar que no siente  ni sufre, no es objeto de derechos, frente a los que sí hemos evidenciado para la persona que lo lleva en su interior.

En la medida en que podamos reconocer estas premisas, estaríamos cerca de una solución universalmente aceptable, en el bien entendido que el reconocimiento no compromete ninguna creencia particular. El aceptar que un embrión no es un ser sujeto de derechos, en nada condiciona el comportamiento respecto de él de la embarazada que crea que en el mismo momento de la fecundación acontece algún tipo de intervención sobrenatural. Ahora bien, esa creencia, por mucho que la comparta el Ministro de Justicia o el Gobierno en pleno, no pueden condicionar, ni mucho menos forzar, la decisión de quien no la comparte.

Como puede suponerse, esta argumentación concluye en la defensa de una regulación de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo.