Y 8. Sobre la construcción de la ética y la justicia

Recapitulando. Partimos de la evidencia de que la nuestra es una especie extraordinaria, excepcional. Esa excepcionalidad se ha fraguado en su evolución. Hemos sobrevivido a la vulnerabilidad, constituyéndonos como seres conscientes de nuestra individualidad, al tiempo que cooperantes, sociales, compasivos. En ese proceso hemos desarrollado una inteligencia que ha superado en capacidad a la del resto de especies pero, sobre todo, ha ampliado sus competencias con la de previsión, anticipación del futuro, planteamiento de proyectos. Esa capacidad que nos otorga libertad, nos deja desamparados. Nuestros comportamientos ya no están predeterminados por y para la supervivencia y la continuidad. Ello nos obliga a decidir y a determinar nuestros objetivos. De lo que estamos seguros es de que queremos ser felices. También sabemos con seguridad que sólo es posible en sociedad. Y hemos descubierto que el mejor modo de garantizar las condiciones que nos permitan ser felices es reconocernos derechos, comprometernos recíprocamente a garantizarnos su cumplimiento efectivo y afirmarnos solemnemente como seres dotados de dignidad.

Ese es el cimiento. Ahora toca poner hiladas: ¿Qué derechos? Puesto que ya sabemos que no nacemos con derechos sino que nos los reconocemos, son nuestra creación, ¿vale cualquier derecho?, ¿puedo con legitimidad afirmar, por ejemplo, mi derecho a explotarte porque soy miembro de una raza superior o porque soy dueño del capital y tú no? Desde luego que NO. Espero haber dado argumentos convincentes en los siete artículos anteriores. Sintetizo. NO, porque los derechos no son creaciones arbitrarias. Se asientan en mi individualidad, pero al mismo nivel, en la necesidad de reciprocidad; en la evidencia de que TODOS queremos ser felices, TODOS necesitamos las mismas premisas para serlo y solo podemos conseguirlas en sociedad.

De estas premisas podemos deducir un primer derecho, una primera hilada de esta construcción que,  para que pueda soportar las hiladas siguientes, ha de superponerse a los cimientos. -De lo contrario, como nos demuestra sobradamente la experiencia, histórica y presente, fracasamos; es decir, provocamos condiciones de sufrimiento y no de felicidad- . Ese primer derecho universal no puede ser otro que el reconocimiento de la igualdad de todos los miembros de la especie humana como sujetos de derechos. A partir de él ningún otro derecho que enunciemos puede establecer exclusiones entre humanos. En el momento que estableciésemos alguna discriminación, nos saldríamos del cimiento de la reciprocidad, el altruismo y la compasión. En cuanto se pretendiera justificar la exclusión de un grupo humano en función de un criterio, perderíamos todos la seguridad, porque no podríamos evitar que, cambiando el criterio, fuésemos nosotros los excluidos. Vuelvo a no ser original. Este es el espíritu de los dos primeros artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Para ir ascendiendo en el edificio, disponemos de  evidencias de la existencia de necesidades y premisas para la felicidad comunes a todos los hombres. Si admitimos que todos necesitamos, para vivir dignamente, la oportunidad de aportar a la sociedad y recibir de ella a cambio, podemos afirmar el derecho al trabajo; si necesitamos salud, el derecho a la atención sanitaria; si necesitamos un espacio y un refugio, el derecho a la vivienda; si necesitamos libertad, el derecho a la seguridad jurídica; si necesitamos la relación con los otros, el derecho a disponer de nuestro pensamiento y nuestro cuerpo, de expresarnos, reunirnos, asociarnos, formar familias …..  Podemos, pues, construir un edificio fiable y no arbitrario; lo que no quiere decir inamovible. También la ciencia está sujeta a  cambios por el avance de los conocimientos o la aparición de evidencias que superan las anteriormente aceptadas. Aquello a lo que aspiramos o que necesitamos está sujeto a variaciones similares.

He aquí el boceto de los planos del edificio. ¿Satisfecho?… Desde luego que no. La tarea es construirlo. ¿Por qué la humanidad no ha conseguido aproximarse a un modo de organización y comportamiento que podamos considerar justo?

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¿Por qué cualquier civilización que analicemos, cualquier momento de la Historia, nuestra propia contemporaneidad posterior a la Declaración de Derechos Humanos aboca a una parte de los humanos al sufrimiento? O estoy totalmente equivocado y lo que propongo no es racional o quien no es racional es el hombre. Al parecer a Kant le paso algo parecido. Después de afirmar que el cumplimiento del deber era un imperativo de la razón, constata la existencia del mal, del comportamiento desacorde con el deber y la razón.

Estamos dotados de capacidades intelectuales. Podemos usarlas racionalmente o no. Y aun el uso racional de la inteligencia puede dirigir sus procedimientos lógicos a la maximización de la satisfacción individual. Una de las capacidades de nuestra inteligencia es la de poder dirigir nuestra atención. Bertrand Russell ya advertía que las motivaciones egoístas son más poderosas que las altruistas. Esto parece evidente a la vista del laboratorio de la Historia (si bien es variable según las culturas, lo que nos da la pista de importancia de una educación cooperativa en lugar de competitiva). Por tanto, la construcción del orbe de la ética no es automática. Es una empresa consciente. Es un proyecto que requiere de un compromiso constituyente de la humanidad y de una tensión constante para actualizarlo a cada paso y, sobre todo, para evitar que las enormes fuerzas centrífugas de las motivaciones egoístas e identitarias nos devuelvan al homo lupus homini.

Como puede deducirse, defiendo que la sola declaración de los derechos no basta para crear sociedades justas. Se que la frase es una perogrullada y, para que quede claro, lo dejo dicho. Hemos gestado sociedades injustas (con independencia de mi opinión ). La palabra justicia ha ido apareciendo en mi narración un poco de tapadillo, sin justificar su presencia. No voy a meterme en ese lío. Pero sí quiero decir que me refiero a la justicia como la felicidad social; como el estado social que posibilita la felicidad de sus miembros. La primera acepción de justicia es: principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Si declaramos que los derechos nos corresponden, nos pertenecen, una sociedad justa es aquella capaz de garantizar el ejercicio efectivo de derechos a todos sus ciudadanos; esto es, de dar a cada uno lo suyo. No me resisto a citar la teoría ética de la justicia de John Rawls. Si pusiéramos un velo de ignorancia – a modo del que cubre los ojos a las representaciones de la justicia- a los miembros de la sociedad de manera que no supieran cual es el lugar, la posición social que ocupan, tomarían sus decisiones para  que nadie quedara desasistido o excluido. Esas serían decisiones justas.

Si la sola afirmación de derechos no basta, si es necesario un compromiso constituyente universal, si el contrato social no escrito que permitía, según Hobbes salir del estado lupino, del estado de naturaleza al que tiende el egoísmo (sobre todo el egoísmo tribal)  no ha conducido a un estado de justicia, es hora de que ese contrato universal se plasme realmente y tenga efectos reales. Marina y de la Válgoma reclamaban una Constitución Universal y proponían su primer artículo(1). Esa Constitución y la Declaración de Derechos tendrían su justificación en la consideración de la humanidad como un único pueblo, y en una vinculación de los sentimientos innatos de identidad y pertenencia a la humanidad entera. (Ello no implica la desaparición de los sentimientos identitarios parciales que cada uno posea, ni la limitación de las manifestaciones culturales diferenciadoras. Bien al contrario, podrían adquirir un mayor sentido en sí mismas y no como elementos de confrontación con las de los otros. Amin Maaluf ha reflexionado sobre ello, desde su propia y consciente posición mestiza). Y habrían de desarrollarse mediante instituciones legislativas, fiscales, ejecutivas y judiciales que las hicieran efectivas.

Se que cualquiera que lea la frase anterior, incluido yo mismo, me tildará de ingenuo o, siendo benevolente, de ignorante bienintencionado. Sin embargo, hay veces que en la Historia  se producen actos creativos monumentales.  Señalo dos: la Declaración de Derechos por la Asamblea Nacional en 1789, tras el estallido de la Revolución Francesa y los acuerdos de Bretton Woods, antes del fin de la 2ª Guerra Mundial. Supongo que ha de estar maduro el caldo de cultivo y han de darse las circunstancias. Espero que la constatación de la creciente desigualdad y del sufrimiento de miles de millones de congéneres sea suficiente y no se necesiten detonantes violentos para provocar cambios radicales. Veremos.

No quiero acabar con una propuesta utópica, que fácilmente puede calificarse de inalcanzable, y dejar el sabor de boca amargo de que todo lo reflexionado es inútil. El que no se implemente ese sueño de máximos no impide que se pueda ir desarrollando el proyecto de la ética y la justicia en los actuales marcos sociales y políticos de los Estados-nación. El reconocimiento de derechos y el compromiso de su garantía efectiva supondría, para la sociedad que lo asuma, cambios reales. Si el contrato social en un Estado incluye el derecho a la vivienda, por ejemplo, las políticas fiscales, económicas, sociales o productivas habrían de hacerlo efectivo. Acercando más el zoom: España 2013; cientos de miles de viviendas desocupadas; un gobierno estaría incumpliendo ese pacto constituyente si una sola familia se viera privada de un techo. La Sareb, antes de lanzar al mercado global el stock de viviendas, antes de privatizarse en un 55%, habría sido la institución pública garante de ese derecho. Como puede verse en el ejemplo, la plasmación de la garantía efectiva de derechos en los contratos sociales, en las constituciones de los países, puede y debe tener consecuencias prácticas. Sería necesario blindar porcentajes de riqueza y fondos de reserva para hacer frente a los derechos fundamentales. Serían necesarias políticas fiscales redistributivas y limitadoras de las enormes brechas de desigualdad para proveer de sus derechos a los desfavorecidos. Serían necesarios sistemas de reparto equitativo tanto para la producción como para la distribución de bienes y servicios. No se trata ni del fin de las diferencias de modelos políticos, ni del fin del incentivo egoísta en el dinamismo creativo. La posibilidad de comportarse para maximizar el beneficio individual o corporativo quedaría, sin embargo limitada. Es el mismo principio por el que no puedo coger los narcisos de los jardines públicos, aunque haya contribuido a que estén ahí con mis  impuestos. Eso no me impide la posibilidad de  plantar mis propios narcisos .

Por otro lado, la conciencia de ciudadanos, la asunción consciente de que somos sujetos de derechos, de cuales son esos derechos, cual es su origen y, sobre todo, de que su cumplimiento o ejercicio efectivos depende, en los casos que así sea, de las acciones, decisiones u omisiones de quienes ejercen el gobierno de lo común nos permite evaluar en cada momento la salud de nuestra sociedad y la idoneidad de nuestros gobernantes. Una sociedad o una cultura serán tanto mejores cuanto más sólidas sean las garantías y más avanzados los recursos para la felicidad de sus miembros y cuanto más amplíen sus posibilidades. Para una ciudadanía consciente, un gobierno pierde su legitimidad cuando no es capaz de cumplir este  contrato social.

Y para terminar con un párrafo optimista y evidenciar la deuda de esta serie de artículos con el pensamiento de Marina, voy a reproducir su “Ley del progreso ético de la sociedad”. La copio de las culturas fracasadasdonde la reescribe con algún matiz respecto de su enunciado original que formuló junto a María de la Válgoma en su trabajo citado:

“Cuando una sociedad se libera de la pobreza extrema, de la ignorancia, del miedo, del dogmatismo y del odio tribal, su inteligencia social evoluciona hacia un sistema normativo que se caracteriza, al menos, por defender los derechos individuales, el rechazo a las desigualdades no justificadas, la participación en el poder político, las seguridades jurídicas, la racionalidad como modo de resolver conflictos, la función social de la propiedad y las políticas de ayuda”

(1) MARINA, José Antonio y VÁLGOMA, María de la. La lucha por la dignidad. 1ª edición en Compactos. Barcelona: Anagrama, 2005, p. 300.

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